Revista Realidades Jurídicas
ISSN 3028-6018 (En línea)
Vol. 2 N° 1, Julio - Diciembre, 2025: 66-85
Recibido:09/05/2025
Aceptado:20/05/2025
RESPONSABILIDAD DE CODECHOCÓ EN LOS ALTOS
ÍNDICES DE DEFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE RÍO QUITO (2016-2024)
CODECHOCÓ'S responsibility for high deforestation rates in the Municipality of Río Quito (2016-2024)
Luz Yasira Córdoba Chala
luzya190@gmail.com
ORCID:https://orcid.org/0009-0009-1874-153X
Universidad Tecnológica del Chocó
Colombia
Walter David Valencia Perea
walter.valenciap259@utch.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0009-0000-1245-7807
Universidad Tecnológica del Chocó
Colombia
RESUMEN
El artículo examina la responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) ante los elevados niveles de deforestación en el municipio de Río Quito entre 2016 y 2024, vinculada principalmente a la minería ilegal. A través de un análisis jurídico y ambiental, se destaca cómo la inacción de esta entidad ha agravado la degradación de ecosistemas, afectando comunidades afrocolombianas e indígenas. Basado en la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, el estudio evalúa las omisiones en la gobernanza ambiental, proponiendo recomendaciones para fortalecer el control y la restauración. El objetivo principal del trabajo es evaluar la responsabilidad de Codechocó frente a los altos índices de deforestación en Río Quito durante el periodo señalado, identificando las causas y efectos de este fenómeno y analizando las políticas implementadas por la entidad. Para ello, se adoptó una metodología mixta que combina análisis cuantitativo de datos secundarios, como tasas de deforestación (1.059,63 hectáreas perdidas, con un pico de 838,53 en 2016), con métodos cualitativos, incluyendo entrevistas semiestructuradas a funcionarios, líderes comunitarios y expertos, revisión de informes oficiales y legislación, y observación directa apoyada en imágenes satelitales. Los resultados revelan que la minería ilegal, caracterizada por el uso de dragas y mercurio, junto con la tala no regulada, son los principales motores de la deforestación, causando contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y afectaciones a la salud y seguridad alimentaria de las comunidades. Codechocó, pese a conocer estas amenazas, mostró una respuesta insuficiente, recuperando solo 166 hectáreas frente a la magnitud del daño, con sanciones inconsistentes y falta de coordinación interinstitucional, lo que permitió la perpetuación de prácticas destructivas. En conclusión, la inacción de Codechocó constituye una falla en el servicio público, vulnerando los derechos constitucionales a un ambiente sano y las obligaciones establecidas por la jurisprudencia. Para revertir esta crisis, se recomienda implementar planes de monitoreo continuo con teledetección, programas de reforestación comunitaria con incentivos económicos, aplicación rigurosa de sanciones y la creación de comités de vigilancia con participación local. Estas medidas buscan fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar un desarrollo sostenible en Río Quito, protegiendo su invaluable patrimonio natural y cultural para las generaciones futuras.
Palabras Clave: Codechocó, deforestación, responsabilidad, Rio Quito
ABSTRACT
The article examines the responsibility of the Chocó Regional Autonomous Corporation (Codechocó) for the high levels of deforestation in the municipality of Río Quito between 2016 and 2024, mainly linked to illegal mining. Through a legal and environmental analysis, it highlights how the inaction of this entity has aggravated the degradation of ecosystems, affecting Afro-Colombian and indigenous communities. Based on Constitutional Court Ruling T-622 of 2016, which recognizes the Atrato River as a subject of rights, the study evaluates the omissions in environmental governance, proposing recommendations to strengthen control and restoration. The main objective of this study is to assess Codechocó's responsibility for the high rates of deforestation in Río Quito during the period in question, identifying the causes and effects of this phenomenon and analyzing the policies implemented by the entity. To this end, a mixed methodology was adopted that combines quantitative analysis of secondary data, such as deforestation rates (1,059.63 hectares lost, with a peak of 838.53 in 2016), with qualitative methods, including semi-structured interviews with officials, community leaders, and experts, review of official reports and legislation, and direct observation supported by satellite imagery. The results reveal that illegal mining, characterized using dredges and mercury, together with unregulated logging, are the main drivers of deforestation, causing water pollution, loss of biodiversity, and impacts on the health and food security of communities. Despite being aware of these threats, Codechocó's response was insufficient, recovering only 166 hectares in relation to the magnitude of the damage, with inconsistent sanctions and a lack of inter-institutional coordination, which allowed destructive practices to continue. In conclusion, Codechocó's inaction constitutes a failure of public service, violating constitutional rights to a healthy environment and obligations established by case law. To reverse this crisis, it is recommended to implement continuous monitoring plans with remote sensing, community reforestation programs with economic incentives, rigorous enforcement of sanctions, and the creation of monitoring committees with local participation. These measures seek to strengthen environmental governance and ensure sustainable development in Río Quito, protecting its invaluable natural and cultural heritage for future generations.
Keywords: Codechocó, Deforestation, responsibility, and the Quito River
INTRODUCCIÓN
El Municipio del Río Quito se encuentra ubicado a los 5°25’ de latitud norte y 76°40’ de longitud este, respeto al Meridiano de Greenwich, y una altura promedio de 45 metros sobre el nivel del mar, limita de la siguiente forma: Norte con el Municipio de Quibdó, Sur con el Municipio Cantón de San Pablo y Cértegui, Oriente con el Municipio del Atrato, Occidente con el Municipio del Alto Baudó. El Municipio de Río Quito se encuentra en la cuenca del río Atrato, sobre la subcuenca del Río Quito, del cual toma su nombre. (Municipio.com.co. 2021).
En este contexto geográfico privilegiado, el Municipio de Río Quito se presenta como un epicentro de una crisis ambiental sin precedentes principalmente atribuible a la expansión de la minería ilegal esta actividad devastadora e ilegal, se encuentra profundamente arraigada en el tejido económico de algunas zonas del Chocó y ha escalado hasta convertirse en una amenaza latente para la biodiversidad única y los ecosistemas críticos del departamento.
La extracción ilícita de minerales especialmente el oro, ha devastado vastas áreas forestales alterando irrevocablemente el paisaje natural. Este proceso no solo ha llevado a la pérdida de cobertura vegetal, sino que también ha generado contaminación por mercurio y otros compuestos tóxicos. Estas sustancias representan una grave amenaza tanto para la flora y fauna locales como para la salud de las comunidades indígenas y afrocolombianas que dependen de estos entornos naturales. (Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla". 2022, abril).
La deforestación es un alarmante resultado directo de estas actividades conllevando a la pérdida de hábitats esenciales para especies de fauna y flora e incrementando la vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático exacerbando fenómenos como la erosión y la alteración de los ciclos hidrológicos (Panel Científico por la Amazonia. 2022), la práctica de la minería ilegal según la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional en su intervención ante la Corte genera una clase de afectaciones entre las que se producen por la deforestación la cual puede ocasionar alteraciones “como taponamientos y/o desvíos de cursos de agua, desecación de ciénagas, pérdidas en la conectividad de los ecosistemas acuáticos con graves efectos para la biodiversidad de la región”. Así como, “pérdida de cobertura vegetal, alteraciones del paisaje y pérdida de hábitat. (T-622/16).
En este contexto de impacto ambiental y social, las cifras de deforestación adquieren una relevancia particular pues entre 2016 y 2024 el área deforestada en Río Quito presenta un patrón que denota tanto las intensidades de intervención como los pocos esfuerzos por su mitigación desde el 2016 pero 2024 se registró un aumento en la deforestación con más de 16 mil hectáreas en el área de influencia de este río equivalente al 10.6% de la cuenca siendo este el año más crítico. (Flórez, 2025). Aunque la tendencia mostraba una reducción en los años subsiguientes con 114.44 hectáreas en 2017, 31.96 en 2018 y 54.97 en 2019, en el año 2024 sigue el problema evidenciando la necesidad urgente de examinar a fondo las políticas y acciones implementadas por las entidades competentes en especial por Codechocó.
Frente a esta crisis ambiental la actuación de Codechocó la autoridad ambiental regional encargada de la gestión y protección del medio ambiente en el Chocó, ha sido puesta bajo escrutinio, pues a pesar de sus esfuerzos, la entidad se enfrenta a un contexto difícil, para mitigar el impacto de la minería ilegal y revertir sus efectos devastadores la capacidad de respuesta de Codechocó se ve condicionada por diversos factores, esta situación destaca la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de gobernanza ambiental y buscar soluciones integrales y sostenibles que involucren a todos los actores relevantes con el fin de preservar el invaluable patrimonio natural del Municipio de Río Quito y asegurar un futuro sostenible para sus habitantes.
Estas cifras no solo reflejan la magnitud del problema, sino que también configuran el marco cuantitativo sobre el cual se asienta nuestro estudio destacando la imperiosa necesidad de analizar las dinámicas de deforestación y las estrategias de gobernanza ambiental aplicadas en la región pues este escenario de expolio de recursos, no solo amenaza la sostenibilidad ambiental del municipio, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia de las respuestas institucionales ante la minería ilegal, ante la aparente ineficacia y limitada acción de Codechocó, cuya responsabilidad incluye la gestión y protección del medio ambiente en esta jurisdicción, no pudieron impedir la persistencia de estas actividades ilícitas, reflejando un aparente vacío en la gobernanza ambiental que ha permitido no solo la continuación sino el agravamiento de estas prácticas destructivas, subrayando la necesidad de abordajes más integrales y coordinados.
En este estado de cosas, la deforestación en Río Quito está intrínsecamente ligada a la actividad minera ilegal, constituyendo una de sus consecuencias directas más devastadoras, esta práctica, impulsada por la demanda de recursos y la búsqueda de beneficios económicos inmediatos, conlleva la remoción de vegetación, alteración del suelo y contaminación de fuentes de agua, erosionando la base misma de los ecosistemas locales. (Velásquez Mosquera. 2017).
La realidad aquí descrita demanda un replanteamiento de la actuación de Codechocó y de otras entidades gubernamentales, hacia una gestión más proactiva, transparente y participativa en la protección del medio ambiente, la implementación de las directrices de la Sentencia T-622 requiere no un fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los mecanismos de vigilancia y control junto a una mayor colaboración interinstitucional y con las comunidades locales, para desarrollar e implementar soluciones integradas que aborden tanto las causas como las consecuencias de la minería ilegal en el Chocó.
De acuerdo con este enfoque la pregunta de investigación se centra en: ¿Cuál ha sido la responsabilidad de Codechocó en el contexto de los altos índices de deforestación registrados en el municipio de Río Quito entre 2016 y 2024?, para ello como objetivo general se determinó “Analizar la responsabilidad de Codechocó frente a los altos índices de deforestación en Río Quito entre 2016 y 2024” lo que soporta que para el desarrollo del mismo se deben explorar los siguientes puntos: 1) Identificar las causas y dinámicas de la deforestación en el periodo 2015-2019 en el municipio Río Quito; 2) Precisar los efectos que provocaron los altos índices de deforestación municipio de Rio Quito en los años 2015-2019 y por ultimo 3) Evaluar las políticas y acciones implementadas por Codechocó respecto a la deforestación en el municipio de Rio quito.
Por último el estudio se justifica en el contexto de la Sentencia T-622 de 2016 que no solo establece un precedente legal en la protección de los derechos de la naturaleza en Colombia sino que también demanda una acción estatal efectiva en la protección y restauración de ecosistemas degradados, la investigación sobre la responsabilidad de Codechocó en este contexto específico contribuirá al entendimiento de cómo las entidades gubernamentales pueden cumplir con estos mandatos judiciales, ofreciendo lecciones y recomendaciones aplicables más allá del caso específico de Río Quito.
FUNDAMENTACIÓN
La crisis ambiental que atraviesa el municipio de Río Quito no es un fenómeno natural sino el resultado de una falla estructural en la gobernanza ambiental regional. Esta investigación se fundamenta en la premisa de que la deforestación acelerada impulsada por la minería ilegal de oro y la tala indiscriminada que no es más que el síntoma de una omisión institucional profunda por parte de la entidad llamada a prevenirlo como es Codechocó.
El análisis se sitúa en la encrucijada entre el derecho ambiental y la responsabilidad del Estado explorando cómo la inacción de una corporación autónoma regional puede generar un daño antijurídico que trasciende la esfera ecológica para vulnerar derechos fundamentales de las comunidades.
El punto de partida jurídico lo constituye el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia el cual establece la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños imputables a la acción u omisión de sus autoridades. En el contexto ambiental esta disposición se activa cuando una entidad como Codechocó investida de la autoridad para regular, controlar y sancionar (Ley 99 de 1993) incumple con su deber de garante. La jurisprudencia particularmente la Sentencia T-622 de 2016 ha sido enfática al señalar que el conocimiento de una amenaza ambiental sea oficioso o mediante denuncia impone a la autoridad el deber de actuar de manera inmediata y efectiva. En el caso de Río Quito las denuncias de las comunidades y la evidencia satelital disponible constituían un llamado de atención ineludible que la corporación optó por no atender con la contundencia requerida.
El estudio demuestra que la respuesta de Codechocó fue fragmentaria y notoriamente insuficiente. Mientras la deforestación alcanzó su pico en 2016 con 838,53 hectáreas las acciones de la corporación se limitaron a decomisos esporádicos y un proyecto de recuperación de 166 hectáreas en 2017 que resultaba irrisorio frente a la escala del daño. Esta desproporción no es solo una cuestión numérica es la manifestación de una política ambiental fallida carente de una estrategia integral que combinara prevención, control riguroso y programas de restauración ecológica a gran escala. La casi nula aplicación de sanciones administrativas ambientales a pesar de contar con las herramientas legales (Ley 1333 de 2009) creó un ambiente de impunidad que perpetuó las actividades ilícitas en la minería.
Por lo tanto, la fundamentación de este trabajo descansa en la comprobación de un nexo causal entre la omisión de Codechocó y el daño ambiental consumado. La corporación no fue un mero espectador sino un actor cuya falta de diligencia facilitó y agravó la catástrofe ecológica. La investigación aporta así un caso de estudio crucial para entender los mecanismos de la responsabilidad estatal por daño ambiental en Colombia subrayando que el reconocimiento formal de los derechos de la naturaleza como el otorgado al río Atrato resulta estéril si no va acompañado de una capacidad institucional efectiva y una voluntad política firme para hacer cumplir la ley. La imputación de responsabilidad a Codechocó no busca solo una reparación económica sino sentar un precedente para una gestión ambiental verdaderamente proactiva y acorde con la gravedad de la crisis que enfrentan territorios biodiversos como el Chocó.
METODOLOGÍA
La investigación adopta un enfoque mixto que integra los métodos cualitativos y cuantitativos lo que permite una exploración exhaustiva de la responsabilidad de Codechocó en los altos índices de deforestación en Río Quito entre 2016 y 2024. Esta combinación facilita no solo la medición de la magnitud del fenómeno ambiental sino también la comprensión de las dinámicas institucionales y sociales subyacentes alineándose con los estudios similares en la gobernanza ambiental donde se requiere equilibrar datos empíricos con interpretaciones contextuales (Sampieri et al., 2018).
En el componente cualitativo se emplearon estudios de caso centrados en el municipio de Río Quito junto con análisis de contenido para examinar percepciones y experiencias de actores clave incluyendo comunidades locales, funcionarios de Codechocó y representantes de la fuerza pública. Las entrevistas semiestructuradas dirigidas a líderes comunitarios, expertos ambientales y autoridades institucionales sirvieron para recopilar narrativas detalladas sobre la gestión de la deforestación y las políticas implementadas, revelando omisiones en la respuesta institucional que podrían configurarse como fallas en el servicio público según el marco jurídico colombiano.
Para el aspecto cuantitativo se realizó un análisis estadístico de datos secundarios como las tasas de deforestación reportadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) e informes sobre actividades mineras ilegales del Ministerio de Minas y Energía, estos datos permitieron cuantificar la evolución de la deforestación, identificando picos como las 838.53 hectáreas perdidas en 2016 y las 16.000 hectáreas hasta el 2024 correlacionarlos con la ausencia de intervenciones efectivas por parte de Codechocó lo que respalda los argumentos sobre la responsabilidad administrativa bajo el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.
Los instrumentos de recolección incluyeron además de las entrevistas un análisis documental exhaustivo de informes oficiales, jurisprudencia relevante como la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional antes citada y los documentos de la política pública para contextualizar las acciones o inacciones de la entidad. La observación directa en campo complementada con las imágenes satelitales de fuentes como el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), documentó visualmente los cambios en la cobertura forestal y las zonas impactadas por minería ilegal asegurando una validación empírica de los hallazgos.
El análisis de la información se basó en las técnicas de contenido para categorizar temas emergentes de las entrevistas y documentos, identificando patrones como la falta de coordinación interinstitucional. Un análisis comparativo entre fuentes cualitativas y cuantitativas validó la consistencia de los resultados evaluando la robustez de las conclusiones sobre la responsabilidad de Codechocó en términos de omisión conforme a los principios jurídicos de precaución y prevención ambiental establecidos en la Ley 99 de 1993. Esta aproximación garantiza una interpretación rigurosa evitando sesgos y fortaleciendo la aplicabilidad de las recomendaciones para futuras políticas de conservación en regiones vulnerables.
RESULTADOS
En el examen de la minería ilegal en Río Quito, el análisis reveló que entre 2016 y 2024, la explotación de oro sin regulación ha dominado el paisaje, con grupos armados como el Clan del Golfo consolidando control territorial a través de al menos 15 entables mineros identificados en un tramo de apenas 50 kilómetros del río, desde Quibdó hasta Paimadó. Estos entables, operados con dragas y retroexcavadoras, generan rentas estimadas en más de 2.700 millones de pesos mensuales, calculados a partir de un precio promedio de 180.000 pesos por gramo de oro y una producción típica de hasta un kilogramo por mes por unidad extractiva, lo que resalta cómo esta actividad se ha convertido en un pilar económico informal para financiamiento ilícito (Páez-Murillo et al., 2025; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2016).
Deforestación asociada a la minería ilegal
Los datos ambientales muestran una degradación acelerada, con el censo de minería de aluvión de 2015 reportando cerca de 80.000 hectáreas afectadas a nivel nacional, de las cuales el 80% se concentran en Chocó y Antioquia, pero solo el 15% cuenta con títulos legales. En Río Quito específicamente, la deforestación vinculada a esta minería alcanzó picos alarmantes, con pérdidas de cobertura boscosa que superan las 1.000 hectáreas anuales en periodos críticos como 2016-2018, según informes regionales que vinculan directamente el desvío de cauces y la contaminación por mercurio a la desaparición de especies acuáticas y la alteración de ecosistemas (Roa Ramírez, 2022; Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó [Codechocó], 2022).
Los datos recogidos muestran que entre 2016 el 2024 la deforestación en el municipio de Río Quito alcanzó niveles críticos hasta llegar a las 16.000 hectáreas deforestadas en 2024 (10,6% de la cuenca)
Tabla 1. Áreas deforestadas
Nota: Flórez (2025) citado en Córdoba Chala et al., (2025).
La disminución temporal entre 2017 y 2019 puede asociarse a operativos militares y mayor presencia estatal sin embargo el repunte en 2024 se refleja por la capacidad de adaptación de los actores ilegales y la débil gobernanza ambiental por parte de Codechoco. Este ciclo demuestra que las medidas de control han sido coyunturales y no estructurales.
Gráfico 1. Mapa de la distribución de la minería ilegal en el municipio de Rio Quito, Chocó, 2023
Nota: elaborado a partir de datos de CoMiMo (Saavedra, 2024), la Agencia Nacional de Minería, el Dane y la Agencia Nacional de Minería.
Impacto ambiental y transformación del paisaje
Durante el recorrido se constató una drástica transformación del paisaje ribereño. Mientras en los primeros kilómetros desde Quibdó predomina la selva húmeda tropical, característica del Chocó biogeográfico, a medida que se avanza hacia Paimadó el escenario se torna desolador: extensas áreas de arena y piedra sustituyen la cobertura vegetal, se observan cauces desviados y tramos con caudal reducido que imposibilitan la navegación (Observación de campo, 2024). Esta alteración del paisaje coincide con los datos cuantitativos reportados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que para 2022 registró en el Chocó 37.841 hectáreas con evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), representando el 40% del total nacional (UNODC, 2023, p. 8). De estas, el 89.68% correspondía a explotación ilícita.
Tabla 2. Evolución de la Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) en los principales municipios del Chocó (2016-2021).
Nota: Adaptado de UNODC (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Calidad del agua en el río Quito
El Informe Ambiental del Chocó 2022 reporta índices de contaminación preocupantes en el río Quito, con presencia de mercurio y sólidos suspendidos totales que superan los valores de referencia para aguas de consumo.
Gráfico 2. Índices de Contaminación
La contaminación por mercurio fue identificada como una de las problemáticas más graves. Comunidades locales reportaron la desaparición de especies pesqueras y la presencia de peces con altos niveles de este metal, lo que ha imposibilitado el consumo y la pesca de subsistencia (Entrevista a líder comunitario, Paimadó, 2024). Este dato cualitativo se alinea con los hallazgos de Valencia et al. (2018), quienes documentaron la afectación de 28 especies de fauna y 37 especies de flora en la cuenca media del río Quito debido a la destrucción de hábitats y la contaminación (p. 152). Igualmente, estos valores corroboran las percepciones comunitarias sobre la inviabilidad de usar el agua para consumo y pesca. Además, explican los reportes de enfermedades gastrointestinales y problemas de salud en mujeres y niños.
Tabla 3. Comunidades afectadas por la minería ilegal en Río Quito, Chocó
Nota: Páez-Murillo, C., Isaza-Quebrada, J., Baracaldo- Sierra, S. y Fernández-Osorio, A. (2025). Minería ilegal en Río Quito: actores, soberanía y narrativas de legitimación en el corazón del departamento del Chocó. Revista Criminalidad, 67 (1), 147-165. https://doi.org/10.47741/17943108.648
Dinámicas socioeconómicas y fractura del tejido social
La investigación identificó una profunda fractura en el tejido social de las comunidades. Los líderes del Consejo Comunitario de Paimadó, Bernardino Mosquera, Valerio Andrade e Ingris Asprilla, enfatizaron la "diferencia abismal" entre la minería tradicional de barequeo, basada en la unidad familiar y la subsistencia, y la minería mecanizada actual, que emplea mano de obra foránea y está frecuentemente vinculada a actores armados (Observación de campo, 2024).
Esta transformación ha generado una dualidad económica. Por un lado, se reportan ingresos significativos para algunos individuos con ventas de oro que pueden alcanzar entre 70 y 80 millones de pesos (Color de Colombia, 2020). No obstante, esta aparente bonanza contrasta con los altos índices de pobreza multidimensional del municipio que para 2018 alcanzaba el 66.8% (DANE, 2018, citado en Páez-Murillo et al., 2025, p. 154). Además, se han agudizado problemáticas sociales como la deserción escolar, el alcoholismo y el consumo de sustancias psicoactivas (González-Gil, 2019, p. 153)
Si se habla solo en materia económica las rentas mineras inyectan liquidez temporal con producciones que podrían graficarse como un ascenso de 15 entables en 2016 a más de 20 en 2024, esto solo enmascara una desigualdad profunda donde el 70% de los beneficios se concentra en dueños externos dejando a las comunidades con un índice de pobreza alto exacerbado por la pérdida de la pesca como fuente alternativa de ingreso. En los distintos debates sobre las políticas extractivas se argumenta que esta dinámica refuerza la "maldición de los recursos", donde la abundancia mineral fomenta la corrupción y el subdesarrollo en vez de fomentar las inversiones en la educación o la agricultura, tal como lo expresa la Sentencia T-622 de 2016 que declara al Atrato sujeto de derechos para forzar restauraciones (Roa Ramírez, 2022; Páez-Murillo et al., 2025).
Actores armados y gobernanza ilegal
La presencia de grupos armados ilegales es un factor determinante en la perpetuación de la minería ilegal. El estudio de Páez-Murillo et al. (2025), caracteriza la presencia del ELN y el EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) en Río Quito, grupos que, más allá de la extracción, ejercen formas de gobernanza criminal y rebelde (p. 149). Estos grupos no solo se financian mediante la explotación ilegal, sino que también construyen narrativas de legitimación, presentándose como protectores de las comunidades frente a un Estado ausente (p. 155-156).
Un cálculo estimativo basado en la observación de campo de esta investigación identificó más de 15 entables mineros en el trayecto Quibdó-Paimadó. Considerando que un solo entable puede producir aproximadamente 1 kilo de oro al mes (equivalente a cerca de 180 millones de pesos), la renta mensual estimada solo en este corredor fluvial superaría los $2.700 millones de pesos. Estas rentas ilícitas explican la feroz disputa territorial entre los grupos armados en el vacío de poder dejado por las FARC-EP.
Tabla 4. Narrativas de Legitimación de Grupos Armados Ilegales en Río Quito
Nota: Elaboración propia con base en Páez-Murillo et al., (2025)
La coexistencia de estos grupos refleja la ausencia del Estado como garante de derechos. Además, la violencia y la economía ilegal dificultan la implementación de programas de sustitución económica y de los PDETs en la región.
A pesar de todos los esfuerzos estatales como la creación de la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros (BRCIM) y las operaciones de destrucción de maquinaria la efectividad de estas medidas es limitada. Los entrevistados de la BRCIM señalaron la necesidad de un mayor fortalecimiento de capacidades, recursos y un marco normativo que facilite la incautación y destrucción de equipos (Páez-Murillo et al., 2025, p. 158).
La Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos surge como un faro jurídico para la protección de la región y en especial del Rio Quito. Sin embargo, existe una brecha significativa entre el mandato de la sentencia y la realidad en terreno donde la ausencia del Estado más la persistencia del conflicto armado y la degradación ambiental continúan (Centro de Estudios para la Justicia Social "Tierra Digna", 2016).
La intersección de todos los factores ambientales, económicos, sociales y jurídicos que se han desarrollado apuntan a que la ausencia estatal manifestada en solo el 15% de títulos legales ha permitido que actores ilegales legitimen su presencia mediante narrativas de oportunidad económica atrayendo mano de obra foránea que desintegra el tejido comunitario tradicional.
Dentro de las reflexiones académicas se destacan que las intervenciones como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) podrían mitigar este flagelo pues integra a las comunidades en los planes de reconversión laboral, pero su implementación es muy lenta pues solo se ha dado el 40% de avances en Chocó hasta 2022, lo que perpetúa las vulnerabilidades por eso se exige un enfoque integral que combine la seguridad con restauración ecológica para romper el ciclo de degradación (UNODC, 2016; Codechocó, 2022).
Análisis de Resultados
El análisis integrado de los datos cuantitativos y cualitativos permite vislumbrar un escenario de duopolio de violencia (Moncada, 2020, citado en Páez-Murillo et al., 2025, p. 149) donde el Estado, el ELN y el EGC compiten por el control territorial y la legitimidad. La minería ilegal no es solo una actividad económica ilícita sino el eje alrededor del cual gira esta disputa.
La transformación del paisaje y la contaminación son síntomas de una falla estructural en la gobernanza ambiental. La Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) a pesar de ser la autoridad ambiental ha tenido una respuesta fragmentaria e insuficiente frente a la escala del daño lo que configura las posibles omisiones en sus deberes de prevención, control y sanción (Córdoba et al., 2025, p. 5-6).
La fractura del tejido social es quizás la consecuencia más profunda y duradera. El reemplazo de la economía de subsistencia por una economía de enclave controlada por actores externos y armados ha corroído las prácticas culturales, la autonomía comunitaria y la cohesión social. Las narrativas de legitimación de los grupos armados encuentran terreno fértil en esta fractura y en la histórica marginalización de las comunidades afrodescendientes e indígenas.
Si bien la Sentencia T-622/16 de la Corte Constitucional y las distintas operaciones militares representan unos avances estos son insuficientes. Se requiere una intervención integral que combine de manera sinérgica: 1) la aplicación rigurosa de la ley y el fortalecimiento de la capacidad de control estatal; 2) la implementación efectiva de los PDETs con programas específicos que ofrezcan alternativas económicas sostenibles distintas a la minería ilegal; y 3) la protección real de los defensores ambientales y comunitarios. Sin abordar de manera simultánea la seguridad, el desarrollo socioeconómico y la gobernanza ambiental, las dinámicas de degradación y violencia en el Río Quito persistirán.
CONCLUSIONES
La deforestación y la minería ilegal han sido los principales impulsores de la degradación ambiental en la región, afectando profundamente los recursos naturales, la salud pública, la seguridad alimentaria y el bienestar socioeconómico de las comunidades locales La evidencia muestra que la falta de acción efectiva por parte de Codechocó, a pesar de las reiteradas denuncias y el conocimiento previo de estas amenazas ambientales, ha facilitado la perpetuación de prácticas destructivas, lo que configura una clara omisión en sus deberes de protección ambiental
El incumplimiento de Codechocó de sus responsabilidades legales y constitucionales, en particular los deberes establecidos en los artículos 2, 79 y 90 de la Constitución Política de Colombia, ha resultado en una falla del servicio con consecuencias graves para el medio ambiente y las comunidades de Río Quito La ineficacia en la aplicación de sanciones, la falta de implementación de medidas preventivas y la omisión en la adopción de estrategias de recuperación y conservación ecológica han contribuido notablemente al deterioro ambiental de la región Las jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional subrayan la obligación de las autoridades de actuar proactivamente para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades, destacando la responsabilidad de Codechocó en este contexto
Resultado de ello fueron las sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y la Corte Constitucional establecen precedentes claros sobre la responsabilidad de las entidades estatales en la gestión ambiental, ordenando medidas específicas para la restauración y protección de los recursos naturales en Río Quito y el río Atrato Estas decisiones judiciales no solo reconocen el daño causado por la inacción de Codechocó, sino que también imponen la necesidad de implementar acciones concretas y efectivas para mitigar el daño, proteger los derechos de las comunidades y asegurar un entorno saludable y sostenible La jurisprudencia es clara en que una vez las autoridades tienen conocimiento de una amenaza o situación de riesgo, están obligadas a evaluar y actuar proporcionalmente para evitar una falla del servicio
La deforestación y la minería ilegal han sido los principales factores de la degradación ambiental en el municipio de Río Quito, afectando significativamente los recursos naturales, la salud pública, la seguridad alimentaria y el bienestar socioeconómico de las comunidades locales A lo largo del periodo estudiado, 2015-2019, se ha observado una clara relación entre la falta de acción efectiva de Codechocó y el aumento de la deforestación en la región A pesar de las reiteradas denuncias y el conocimiento previo de estas amenazas ambientales, Codechocó no logró implementar medidas eficaces para prevenir, mitigar o revertir los daños ambientales, lo que configura una omisión grave en sus deberes de protección ambiental.
En este contexto, se configura una responsabilidad subjetiva de Codechocó, que se imputa por la falla en el servicio, la responsabilidad subjetiva se refiere a la obligación que recae sobre una entidad o individuo cuando se demuestra que su conducta, activa u omisiva, ha sido negligente o a contravenido un deber legal o constitucional, en el caso de Codechocó, esta responsabilidad surge por la inacción frente a la deforestación y la minería ilegal, al no haber ejercido con la debida diligencia las competencias otorgadas para la protección del medio ambiente en su jurisdicción, esta falla en el servicio implica que la entidad no cumplió con su obligación de actuar para prevenir, mitigar y remediar el daño ambiental, lo que ha tenido consecuencias graves tanto para el entorno natural como para las comunidades afectadas.
El incumplimiento de Codechocó de sus responsabilidades legales y constitucionales, particularmente los deberes establecidos en los artículos 2, 79 y 90 de la Constitución Política de Colombia, ha resultado en una falla del servicio con consecuencias severas para el medio ambiente y las comunidades de Río Quito La incapacidad de Codechocó para aplicar sanciones efectivas, implementar medidas preventivas y adoptar estrategias de recuperación y conservación ecológica ha contribuido de manera significativa al deterioro ambiental de la región Esta ineficacia es destacada por las jurisprudencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, las cuales subrayan la obligación de las autoridades de actuar proactivamente para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades
Las sentencias emitidas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y la Corte Constitucional establecen precedentes claros sobre la responsabilidad de las entidades estatales en la gestión ambiental, ordenando medidas específicas para la restauración y protección de los recursos naturales en Río Quito y el río Atrato estas decisiones judiciales no solo reconocen el daño causado por la inacción de Codechocó, sino que también imponen la necesidad de implementar acciones concretas y efectivas para mitigar el daño, proteger los derechos de las comunidades y asegurar un entorno saludable y sostenible l a jurisprudencia es clara en que una vez las autoridades tienen conocimiento de una amenaza o situación de riesgo, están obligadas a evaluar y actuar proporcionalmente para evitar una falla del servicio
La evidencia demuestra que la falta de acción efectiva por parte de esta entidad ha facilitado la perpetuación de prácticas destructivas que han llevado a la pérdida de cobertura forestal, la degradación de los recursos naturales y el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades locales Codechocó, al no cumplir con sus deberes legales y constitucionales, ha fallado en su misión de proteger el medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible en la región
La imputación de responsabilidad en este caso pasa por la falla en el servicio se fundamenta en la incapacidad de Codechocó para implementar de manera efectiva las medidas de control, sanción y recuperación ambiental que estaban dentro de su competencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional es clara al establecer que cuando una autoridad, como Codechocó, tiene conocimiento de una amenaza o situación de riesgo, tiene el deber de actuar de manera proporcional y efectiva para evitar que se materialicen daños mayores.
La omisión de estas acciones no solo configura una falla en el servicio, sino que también genera una responsabilidad patrimonial, en la cual la entidad podría estar obligada a reparar el daño causado tanto al medio ambiente como a las comunidades afectadas. Este marco de responsabilidad subraya la importancia de que Codechocó cumpla con su mandato de manera proactiva y efectiva, para evitar futuros incumplimientos que perpetúen la degradación ambiental en Río Quito.
Es por ello que investigación confirma que los altos índices de deforestación en el municipio de Río Quito durante el periodo 2015-2019 comprometen la responsabilidad de Codechocó en la efectiva protección y conservación del medio ambiente la entidad no logró implementar las políticas y acciones necesarias para frenar la deforestación y mitigar sus efectos, lo que ha resultado en una crisis ambiental de grandes proporciones la inacción y la falta de eficacia de Codechocó han sido determinantes en la degradación ambiental observada, validando así la hipótesis de que su responsabilidad es directa y significativa
Finalmente Codechocó debe establecer un plan de monitoreo continuo con el uso de tecnologías de teledetección para identificar y responder rápidamente a nuevas áreas de deforestación de las comunidades de Río Quito, la implementación de políticas preventivas, se debe acompañar de la aplicación rigurosa de las sanciones pertinentes, garantizando siempre la participación activa de las comunidades que resulta esencial para revertir la degradación ambiental y promover un desarrollo sostenible en la región
Asimismo, se recomienda establecer un comité de vigilancia ambiental compuesto por líderes comunitarios, funcionarios de Codechocó y expertos ambientales para supervisar el cumplimiento de las normativas ambientales, también es decisivo implementar programas de reforestación comunitaria que involucren activamente a las comunidades locales, ofreciendo incentivos económicos y capacitación en técnicas sostenibles, pures solo a través de una gestión ambiental efectiva y responsable se podrá asegurar un futuro viable para las generaciones presentes y futuras en Río Quito, cumpliendo así con los principios de precaución y prevención que deben guiar la actuación de las autoridades ambientales en Colombia.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Brundtland Commission. (1987). Our Common Future (Informe Brundtland). Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). Gobernanza multinivel. https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/gobernanza_multi-nivel_v5_vl.pdf
Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 79 y 80.
Consejo de Estado. (2014, enero 22). Sentencia, Expediente 27644.
Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”. (2016). Tutela interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” en representación de comunidades del Chocó [Legal document]. https://tierradigna.org/sentencia-t-622-de-2016/
Codechocó. (2022). Informe estado de los recursos naturales y del medio ambiente Chocó 2022. Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó. https://www.codechoco.gov.co/informes/informe-estado-recursos-naturales-2022
Color de Colombia. (2020). El oro en Chocó: Ingresos y realidades económicas en la minería. Fundación Color de Colombia.
Córdoba Chala, L. Y., Valencia Perea, W. D., & Murillo Mena, S. P. (2025). Responsabilidad de Codechocó en los altos índices de deforestación en el municipio de Río Quito (2016-2024). [Artículo inédito]. Universidad Tecnológica del Chocó.
Corte Constitucional de Colombia, Sala Sexta de Revisión. (2016, 10 de noviembre). Sentencia T-622/16 [Sentencia]. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-622-16.htm
Dávila A, A. L. (2016). Responsabilidad del Estado por el daño ambiental causado por la minería en Colombia (Tesis doctoral). Universidad Santo Tomás.
Decreto 2235 de 2012. Autoriza la destrucción de maquinaria utilizada en minería ilegal.
Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente).
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). Medida de pobreza multidimensional municipal de fuente censal 2018. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/medida-de-pobreza-multidimensional-de-fuente-censal
Ejército de Liberación Nacional. (2023). Comunicado sobre la defensa del territorio en Chocó. [Comunicado público]. https://www.eln-voces.net/comunicados/
Ejército Gaitanista de Colombia. (2024b). Pronunciamiento sobre seguridad y orden en territorios controlados. [Comunicado público]. https://www.elgaitanista.org/comunicados
EOS Data Analytics. (2023). Fragmentación de bosques: qué es y cómo prevenirla. Recuperado el 3 de agosto de 2024, de https://eos.com/es/blog/fragmentacion-de-bosques/
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. (2022, abril). Extracción ilícita de minerales (minería ilegal) y financiación de grupos armados a través de delitos ambientales: Guía para la acción judicial: Justicia ambiental para la Rama Judicial. Facultad de Jurisprudencia, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/biblioteca/Extracci%C3%B3n%20Il%C3%ADcita%20de%20Minerales.pdf
Flórez, J. (2025). Aumenta deforestación en Chocó: Estudio sobre el río Quito. Universidad de Medellín. https://udemedellin.edu.co/aumenta-deforestacion-en-choco-segun-estudio-de-la-udemedellin/
García M, M. E. (2016). La deforestación: una práctica que agota nuestra biodiversidad. Producción + Limpia, 11(2), 161-168. https://doi.org/10.22507/pml.v11n2a13
González G, C. (2019). Nociones de legalidad e ilegalidad en los actores de la minería de oro en Río Quito, Chocó: Una cuestión de río. En Minería ilegal en Río Quito: Actores, soberanía y narrativas de legitimación en el corazón del departamento del Chocó (p. 153). Policía Nacional de Colombia.
González, G. (2011, diciembre 29). Sintrambiente denuncia escandalosa corrupción en la gestión ambiental en Medellín. Las Memorias de Gonzo. Recuperado el 3 de julio de 2024, de https://lasmemoriasdegonzo.blogspot.com/2011/12/sintrambiente-denuncia-escandalosa.html
González G, A., Clerici, N., & Quesada, B. (2021). Growing mining contribution to Colombian deforestation. Environmental Research Letters, 16(6), 064046.
Gutiérrez, L T, T. A. (2015). Impactos mineros, agropecuarios y de la conservación en la calidad del agua y los sedimentos, cuenca Tambopata, Madre de Dios.
Insight Crime. (2024). Los dragones de Chocó: La minería ilegal de oro en los ríos de Colombia. Recuperado el 3 de agosto de 2024, de https://insightcrime.org/es/noticias/dragones-choco-mineria-ilegal-oro-rios-colombia/
Ley 1333 de 2009. Define el procedimiento sancionatorio ambiental.
Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014).
Ley 165 de 1994. Ratifica el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Ley 1776 de 2016 (Código de Policía). Artículo 84 (Protección del ambiente y la salud pública).
Ley 2111 de 2021. Establece directrices para la acción climática territorial y promueve la conservación de bosques como estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático.
Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano). Artículos 328 (Ilícito Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables), 330 (Contaminación Ambiental), 331 (Daños en los Recursos Naturales).
Moncada, E. (2020). The politics of criminal victimization: Pursuing and resisting power. American Political Science Review, 114(2), 374-390. https://doi.org/10.1017/S000305541900090X
Mosquera C, E. D. R., & Hinestroza C, L. (2018). Eficacia de los mecanismos jurídicos para la protección de los derechos de las comunidades negras vulnerabilizadas por la actividad minera: el caso del municipio de Río Quito, Chocó. Opinión Jurídica, 17(33), 235-254.
Moreno P, C., & Bermúdez O, Ó. A. (2016). Análisis del riesgo por inundación utilizando herramientas SIG para la cuenca del Río Quito
Municipio.com.co. (2021). Río Quito en el departamento de Chocó - Municipio y alcaldía de Colombia. https://www.municipio.com.co/municipio-rio-quito.html
Nobre, I., Anderson, L. O., Aragão, L. E. O. C., & Silva Junior, C. H. L. (2022). Transformaciones necesarias para la Amazonía del futuro. En V. F. Medina-Rangel & A. B. Anderson (Eds.), La Amazonía que queremos (pp. 361-375). Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN). https://www.laamazoniaquequeremos.org/wp-content/uploads/2022/10/Chapter-23-ES-Bound-Oct-20.pdf
Organización Mundial de la Salud. (2017). Mercurio y salud. Recuperado el 3 de agosto de 2024. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2016). Colombia: Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2015. https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Junio/Colombia_Explotacion_de_oro_de_aluvion.pdf
Páez M, C., Isaza Q, J., Baracaldo S, S., & Fernández O, A. (2025). Minería ilegal en Río Quito: Actores, soberanía y narrativas de legitimación en el corazón del departamento del Chocó. Revista Criminalidad, 67(1), 147-165. https://doi.org/10.47741/17943108.648
Panel Científico por la Amazonía. (2022). Informe de evaluación de la Amazonía 2021 [Informe]. United Nations Sustainable Development Solutions Network. https://www.laamazoniaquequeremos.org/informe-de-evaluacion-de-la-amazonia-2021/
Quejada P, J. L. (2020). Afectaciones por minería en la subzona hidrográfica de Río Quito, mediante la interpretación de imágenes satélites.
Rafferty, J. (2019). La deforestación está generando más enfermedades infecciosas en los seres humanos. National Geographic. Recuperado el 3 de agosto de 2024, de https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2019/11/la-deforestacion-esta-generando-mas-enfermedades-infecciosas-en-los-seres-humanos
Red Forestal CONICET. (2020). Los bosques como reguladores del ciclo del agua para disminuir los riesgos de inundaciones. Recuperado el 3 de agosto de 2024, de https://redforestal.conicet.gov.ar/los-bosques-como-reguladores-del-ciclo-del-agua-para-disminuir-los-riesgos-de-inundaciones/
Restrepo, J., Hoyos, N., & Restrepo, J. (2023). Dinámicas espacio-temporales de la deforestación en los municipios de Riosucio y Río Quito, Chocó, Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 47(185), 977-995.
Roa R, L. (2022). Efectos ambientales y económicos de la minería ilegal en el municipio del Río Quito, departamento del Chocó [Tesis de maestría, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio UNAD. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49748
Velásquez M, E. R. (2017). Evaluación socio-económica y valoración de impactos ambientales derivados de la minería desarrollada en el departamento del Chocó: Caso de estudio municipio de Río Quito “cabecera municipal Paimadó”. [Tesis de maestría, Universidad de Manizales]. https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/3548
WWF Colombia. (2019). Consideraciones sobre la minería en el departamento del Chocó. WWF. https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/consideraciones_sobre_la_mineria_en_el_departamento_del_choco_doble_pagina.pdf
WWF Colombia. (2020). Cinco razones por las que el tráfico de madera ilegal nos debería importar a todos. https://www.wwf.org.co/?370650/Cinco-razones-por-las-que-el-trafico-de-madera-ilegal-nos-deberia-importar-a-todos
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